La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales en Toluca, Estado de México, ha confirmado la prisión preventiva para ocho militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este fallo sigue una intensa revisión legal y representa un paso crucial en uno de los casos más emblemáticos y trágicos de México.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo a los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, lo que llevó a una revisión de su situación legal.
Sin embargo, la jueza Duarte Cedillo decidió mantener la medida de prisión preventiva, argumentando que el delito de desaparición forzada se cometió bajo el sistema penal inquisitivo, que requiere automáticamente dicha medida.
La defensa de los acusados había argumentado contra la imposición automática de la prisión preventiva, promoviendo un recurso de revisión. A pesar de estas gestiones, la jueza ratificó su decisión inicial, y los militares continuarán detenidos en el Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México.
El caso Ayotzinapa, que se refiere a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ha tenido un impacto profundo en la sociedad mexicana y ha generado un escrutinio internacional sobre los derechos humanos y la justicia en el país. La confirmación de la prisión preventiva para estos militares es un desarrollo significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
La decisión de la jueza Duarte Cedillo podría tener repercusiones importantes en cómo se manejan los casos de desaparición forzada en México. Mientras tanto, el caso Ayotzinapa continúa siendo un símbolo de la lucha por la justicia y la transparencia en el país, reafirmando la necesidad de una mayor responsabilidad y reforma en las instituciones de seguridad y justicia.
