El sismo del 19 de septiembre de 2017 significó para muchos ciudadanos una desgracia, pero para algunos políticos una oportunidad de enriquecerse y quedar impunes, desviando los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas destruidas.
Las auditorías han registrado posibles desfalcos por mil 893.8 millones de pesos en obras inexistentes, de menor calidad, inoperables, recursos que no se entregaron o no se justificaron, y se desconoce el destino de 743 millones de pesos.
El operador del programa Unidos por Morelos fue Alexis Ayala Gutiérrez, quien sigue impune. Ninguna de las denuncias en su contra ha prosperado; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción decidió congelarlas, porque desde el Congreso es protegido por el diputado Agustín Alonso, con quien trabaja como asesor y es su padrino de bautismo.
Quizá por eso defienden tanto al Fiscal Uriel Carmona, porque de no ser por la protección de la Fiscalía, estos personajes deberían ser procesados por un juez y pagar por el saqueo que hicieron en torno a la reconstrucción.
Hace seis años, en Morelos, se registró el fallecimiento de 74 personas y el daño en más de 23 mil casas en los 33 municipios que lo integraban en el año 2017. Los 10 municipios más afectados fueron Tepalcingo, Tetela del Volcán, Jojutla, Axochiapan, Ayala, Puente de Ixtla, Ocuituco, Tepoztlán, Zacatepec y Cuernavaca.
Actualmente, en la zona cero del sismo, la Colonia Emiliano Zapata de Jojutla, se estima que hay un aproximado de 30 viviendas que siguen sin reconstruirse. Algunas no tienen certeza jurídica en sus predios, otras no fueron atendidas debido a daños parciales y otras fueron abandonadas por sus propietarios luego del desastre, dejando sus viviendas colapsadas.
Aun cuando Morelos recibió más de 15 mil millones de pesos para su reconstrucción, seis años después del sismo de 2017, decenas de familias viven entre escombros. La burocracia y la corrupción les impiden acceder a una vivienda.
