El gobierno de Joe Biden se prepara para suspender la política de emergencia sanitaria conocida como Título 42, que ha impedido que los migrantes ingresen a Estados Unidos para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, la expiración sienta las bases para un posible aumento de migrantes en la frontera.
La regla permite a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes ilegales, pero expertos en derechos humanos y salud pública han criticado su uso, ya que impide que los migrantes soliciten asilo.
Los agentes fronterizos, funcionarios estatales y locales, y los principales asesores del presidente Biden en Washington se preparan para la llegada de miles de migrantes en los próximos días tras la cancelación del Título 42.
Tres ciudades de Texas: Brownsville, Laredo y El Paso, han declarado el estado de emergencia. La gente ya ha empezado a cruzar hacia las ciudades fronterizas de Estados Unidos anticipando el fin de dicha política.
La orden de salud pública, Título 42, se implementó en marzo de 2020, durante la administración de Trump, bajo la premisa de prevenir la propagación del COVID-19. En marzo de 2021, el gobierno de Biden dijo que la designación de crisis de salud pública terminaría el 11 de mayo a las 11:59 horas.
La política permitía que los agentes fronterizos expulsaran rápidamente a las personas que cruzaron de manera ilegal hacia Estados Unidos, agilizando los trámites que llevan procesar a los inmigrantes, incluyendo el procedimiento que permite solicitar asilo.
El Título 42 es una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944, que permite que el gobierno detenga la entrada de personas e importaciones paraprevenir la introducción de enfermedades transmisibles. La regla sanitaria no se aplicaba a todos los migrantes, y se utilizó aproximadamente un tercio de las veces.
La suspensión del Título 42 permitirá que los migrantes puedan solicitar asilo, pero también podría generar tensiones políticas y agotar los recursos en la frontera sur.
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