La llamada "Ley Antimemes" no prohíbe hacer memes, parodias o críticas políticas en redes sociales. Es el nombre con el que se ha popularizado una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal que busca sancionar el uso comercial y engañoso de elementos de identidad gubernamental (como logotipos, dominios web o documentos oficiales) cuando se empleen para hacer pasar una comunicación falsa como si fuera de una institución pública y facilitar un ilícito.
La propuesta fue aprobada en comisiones del Senado el 23 de septiembre pasado, pero todavía no está vigente. Para convertirse en ley debe ser aprobada por el Pleno del Senado, pasar a la Cámara de Diputados y, en su caso, ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por ello, actualmente no pueden imponerse multas ni penas de cárcel con base en esta reforma.
El apodo surgió por la preocupación de organizaciones, opositores y usuarios de redes sociales ante la redacción inicial de la reforma, que podía interpretarse como un riesgo para quienes usaran símbolos, logotipos o identidad gráfica del gobierno en memes, sátiras, parodias o contenido crítico.
La polémica se concentró en el nuevo artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La primera versión contemplaba penas de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA para quien utilizara o imitara, a escala comercial, elementos de identidad institucional de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, durante el debate en las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera, el texto fue ajustado. La redacción aprobada reduce el castigo a uno a cinco años de prisión y delimita la conducta: debe tratarse de un uso a escala comercial, con la intención de inducir al error o engaño y de facilitar la comisión de un ilícito.
La reforma no se enfoca en un meme por sí mismo, sino en la suplantación engañosa de identidad institucional, es decir, el uso de elementos oficiales, que el uso sea comercial, engañoso, con intención ilícita y que cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno se vea afectada.
