El pasado dos de febrero, en diversos medios de comunicación vimos una imagen muy extraña: dos guardias cargaban a una mujer y la depositaban en el estacionamiento del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Se trata de María Luisa Villanueva, quien estuvo encarcelada casi 30 años por un secuestro que ella asegura no cometió.
El motivo de que la sacaran en vilo es que ella no quería salir libre porque su libertad no significa que sea considerada inocente, sino que es culpable, pero ya cumplió la mayor parte de su condena.
Hace cinco años, María Luisa presentó a través de su abogado un recurso de reconocimiento de inocencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, presidido en ese entonces por Verónica Cuevas López, y la sala del segundo circuito con residencia en Jojutla, integrada por los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa, Carlos Iván Arenas Ángeles y Luis Jorge Gamboa Olea, rechazaron la solicitud de libertad.
Gamboa Olea es desde mayo del año pasado presidente del Tribunal Superior de Justicia. A finales de enero pasado, emulando al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gamboa Olea visitó a cuatro internas del Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya, entre ellas a María Luisa.
Le ofreció un beneficio de preliberación al que tiene derecho por haber transcurrido la mayor parte de su condena, pero ella lo rechazó pues eso significaría aceptar que es una secuestradora.
Para justificarse, Gamboa Olea informó que con fecha 23 de junio del año 2017, el pleno de Magistradas y Magistrados resolvió respecto de la nulidad de la sentencia promovida por la defensa de la señora María Luisa, y por unanimidad de votos, el Pleno resolvió que era infundada. Acto que fue combatido por la quejosa mediante un juicio de amparo cuya resolución no le fue favorable.
Lo que no menciona el magistrado Gamboa es cómo es que se decidió su excarcelación si la señora Villanueva no promovió ninguna solicitud ante ninguna autoridad.
Los abogados de María Luisa Villanueva consideran que el acto del pasado 2 de febrero no es un acto de justicia, sino una forma de justificar sus errores, pues si la declaran inocente, entonces significaría que la resolución de los tres magistrados, entre ellos el hoy presidente del TSJ, estuvo mal fundamentada.
Indicaron que seguirán en la lucha hasta que María Luisa sea declarada inocente y haya una disculpa pública del gobierno por la injusticia cometida.
Cada semana, estará haciendo un plantón frente al Palacio de Gobierno en demanda de justicia. Pero, lamentablemente, estamos en una situación crítica en la que, ninguno de los tres poderes tiene na pizca de sensibilidad para resolver este caso, pues tanto magistrados como fiscal y diputados, ni la ven ni la oyen.
