La preferencia de los ciudadanos mexicanos por un gobierno militar ha experimentado un notable aumento, según datos de Latinobarómetro. Desde 2004 hasta 2023, el apoyo a la idea de un gobierno militar en situaciones difíciles ha crecido casi un 200%, de un 14.4% a un 42.9%. Esta tendencia sugiere una transformación significativa en la percepción pública respecto al rol de las fuerzas armadas en la administración del país, en un contexto marcado por desafíos críticos que ponen a prueba la capacidad de las instituciones civiles.
La propuesta de un gobierno militar implica la dirección del Ejecutivo federal por parte de un alto mando militar, con la posible intervención de actores civiles. Este modelo plantea interrogantes sobre la integridad de la competencia política y los derechos y libertades fundamentales. Los datos recabados por Latinobarómetro reflejan una creciente apertura hacia esta forma de gobierno, potencialmente en respuesta a crisis o acontecimientos extremos.
A lo largo de cuatro administraciones presidenciales en México, desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, el análisis revela que un segmento significativo de la población, estimado en 39.5 millones de personas mayores de 18 años, estaría dispuesto a aceptar un gobierno militar. Este número supera las poblaciones totales de países como Canadá, Polonia y Ucrania, y equivale a una cantidad considerable de electores en regiones clave de México.
Por otro lado, el porcentaje de ciudadanos que rechazaría un gobierno militar bajo cualquier circunstancia ha disminuido en casi un 20% durante el mismo periodo, situándose en un 50.4% en 2023. Este dato refleja un cambio de paradigma en la sociedad mexicana, donde la seguridad, la pobreza y la efectividad gubernamental se priorizan sobre el tipo de régimen político.
Aunque la historia militarista de México y la formación de sus fuerzas armadas sugieren una predisposición hacia el respeto del poder civil, el creciente apoyo a un gobierno militar plantea cuestiones sobre el futuro político del país. Este fenómeno subraya la importancia de abordar las causas subyacentes de este cambio en la opinión pública, como la percepción de las fuerzas armadas, el deterioro de la legitimidad democrática y la ineficacia de las autoridades en combatir la delincuencia y asegurar el bienestar social.
