Tras la detención y vinculación a proceso del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el exgobernador Graco Ramírez desató una campaña para declarar inconstitucional e ilegal su detención, buscando ganar la narrativa de víctima, ya que la legal está perdida.
Lo cierto es que en sus cálculos políticos no estaba contemplado que la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, iniciara acciones legales contra Uriel Carmona, Fiscal de Morelos, porque desde su soberbia e impunidad siempre consideraron que encubrir el asesinato de una joven no era motivo suficiente para comparecer ante un juez.
Su estrategia mediática comenzó en la madrugada del viernes, cuando trataron de defender una resolución ambigua de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según Graco y sus aliados, el Fiscal podía cometer delitos sin ser juzgado, a menos que el Congreso Estatal lo destituyera. El mismo Fiscal sabía que su argumento era absurdo, ya que días antes había promovido tres amparos y en las horas previas a su detención, solicitó un cuarto amparo que no consiguió.
El Fiscal, durante 8 horas, salió en noticieros matutinos de radio a nivel nacional pidiendo clemencia por sus tres pequeños hijos, utilizándolos como escudo y pretexto para evitar que catearan su casa. Sin embargo, esto le sirvió de poco y tuvo que entregarse minutos antes de las tres de la tarde. El sábado, sin el cobijo de la impunidad, compareció ante un juez, quien ordenó prisión preventiva justificada por un mes para que enfrente el juicio en su contra.
A pesar de que sus aliados se desgarraron las vestiduras en su defensa, incluyendo al Obispo de Cuernavaca, lo cierto es que ninguno de ellos puede borrar la demoledora imagen de un criminal que cargó el cuerpo sin vida de la joven Ariadna Fernández para abandonarlo en Tepoztlán.
Con el respaldo a Uriel Carmona, Graco, el Obispo, los dirigentes políticos, abogados y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en realidad son cómplices de un sistema patriarcal en el que un hombre no puede ser juzgado por el asesinato de una mujer, donde el estatus social y político los coloca por encima de los demás, y el fuero se convierte en sinónimo de impunidad.
Tras la decisión del juez Carlos Montes Tello, el Fiscal metropolitano, se quedó a cargo de la Fiscalía, desde donde se encubren delitos al mejor postor. Esta institución no puede seguir en manos de colaboradores de un Fiscal acusado de retrasar la justicia, y debe ser depurada por el bien de los ciudadanos que, sin poder económico o político, son víctimas de los poderosos.
