(Video) Otro escándalo del G-15, uno que vale millones de pesos

La especie ya circula entre el gremio de abogados, tanto litigantes como servidores públicos, con la advertencia de que si les preguntan lo negarán todo: quien quiera ocupar una magistratura deberá pagar 5 millones de pesos a repartir entre los 15 legisladores que integran el llamado G-15, o bien, formar parte de su equipo de colaboradores.

Los únicos que estarán exentos de pago serán aquellos que pertenezcan al Poder Judicial, pues tiene mucho tiempo que se acostumbra darle prioridad a la carrera judicial, es decir, un juez hombre y una jueza mujer. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, tiene la posibilidad de influir en esa decisión, y obviamente las dos magistraturas serán para aquellos jueces que den muestra de lealtad en sus resoluciones. Entre los jueces ya saben quiénes son, pero no quieren “quemarlos”.

El Poder Ejecutivo tiene poco margen de maniobra. Cinco votos en el Congreso Local son muy pocos, pero aun así hará el intento de “colar” alguno a través del secretario de Gobierno.

Aunque usted no lo crea, Graco Ramírez también buscará colocar a sus alfiles en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a través de sus fiscales. De hecho, en la última elección logró colocar a la cuñada de Uriel Carmona, Marta Sánchez Osorio, y en este proceso de selección el que intentará ser magistrado será el mismísimo fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quien fuera consejero jurídico del gobernador en el sexenio anterior.

Y es que el 19 de julio del 2023 cumplen 14 años en el cargo los siguientes magistrados: Carlos Iván Arenas, Ángel Garduño González, Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Franco Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín.

En los próximos dos meses, los legisladores del G-15 también buscan concretar otros nombramientos públicos pendientes, pero los que más les interesan son las magistraturas, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de Justicia Administrativa.

Para ello, los diputados impulsaron una propuesta más de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del estado, con la que buscan que la Comisión Calificadora, que se encargará de llevar a cabo el proceso de designación de los magistrados, esté integrada sólo por los coordinadores de los grupos parlamentarios que se integran por dos o más curules del mismo partido político excluyendo a las fracciones que corresponden a una sola curul.

De esta forma, los cinco diputados restantes no tendrían ningún margen de maniobra, y se quedarían como simples espectadores, viendo como el G-15 “se reparte todo el pastel”.