(Video) La justicia tarda, pero llega

Hay un dicho que reza “La Justicia tarda, pero llega”, y esto se puede aplicar perfectamente a la resolución que dictó este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al presupuesto aprobado por los quince diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura a finales del año pasado.

Casi seis meses después, el máximo tribunal del país suspendió el recurso del Fondo de Infraestructura Regional Municipal, creado por estas diputadas y estos diputados, muy parecido a aquel fideicomiso mediante el cual la 53 Legislatura desvío cientos de millones de pesos durante el sexenio de Graco Ramírez.

Los ministros determinaron conceder la suspensión provisional sobre el fondo destinado a obras, que concentra el grueso del gasto en los municipios de Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla, estos últimos en manos de familiares de los diputados que controlan el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Ejecutivo en la controversia constitucional que éste presentó en contra del paquete económico 2023, porque consideró que no es equitativa la distribución del presupuesto para obra pública a los municipios, ya que sólo se beneficiaron los ayuntamientos donde tienen sus intereses los actuales diputados.

Aquí debemos de dejar en claro que no tienen la culpa los habitantes de las comunidades donde se dejen de hacer obras con motivo de esta suspensión concedida por el máximo tribunal del país, pues ellos son afectados colaterales por actos que realizaron sus representantes populares en el Congreso local con miras a las elecciones del año que viene.

Fue este grupo de diputadas y diputados de los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y algunos de Morena, quienes etiquetaron alrededor de 534 millones de pesos para supuestas obras, pero da la casualidad de que más del 60 por ciento están ubicadas en el municipio de Yautepec, donde el padre del diputado Agustín Alonso es presidente municipal, en tanto que en Yecapixtla gobierna desde hace varios trienios la familia Sánchez Zavala, a la que pertenece Francisco, actual presidente de la Mesa Directiva.

En sus argumentos legales presentados ante la Corte, la Consejería Jurídica del Gobierno estatal dejó en claro que no están en contra de que se asignen recursos para obras públicas, sino de que estas se dirijan a determinados municipios donde hay un interés económico y político de quienes crearon este fondo.

Y es que ¿quién cree usted que elegirá a las empresas constructoras que se van a encargar de estas obras? Sí, efectivamente, en el caso de Yautepec, el diputado Agustín Alonso o su padre, que es el alcalde por tercera vez.

Y ¿quién vigilará que los recursos se ejerzan correctamente? Se supone que corresponde a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, órgano que depende del Poder Legislativo y que controla también el diputado Agustín Alonso Gutiérrez.

¿Ahora entiende de donde sale el dinero para tantos festejos del mencionado legislador?