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(Video) La impagable carga financiera de los jubilados del Congreso

La opinión de Jesús Castillo sobre la impagable carga financiera de los jubilados del Congreso.

opinion jesus castillo 24 morelos
Foto: 24 Morelos

El derecho que tiene una persona a una vida digna desde su nacimiento hasta su muerte no está en discusión. Los tratados internacionales, la Constitución Federal y las leyes secundarias establecen que toda persona podrá gozar de una pensión jubilatoria como una forma de que el Estado le retribuya por el trabajo realizado a lo largo de su vida y pueda pasar sus últimos días de vida sin preocupaciones. Ese es el verdadero espíritu de las pensiones.

Sin embargo, en los hechos, los que hacen las leyes pareciera que tienen como objetivo beneficiarse a sí mismos con reglas cada vez más fáciles de cumplir. Es el caso de la Ley del Servicio Civil para el estado de Morelos, publicada el 6 de septiembre del año 2000 y que sustituye a una que tenía 50 años de promulgada.

Es esa ley la que rige las pensiones para los trabajadores del Estado (alguna vez llamados burócratas), y que establece la posibilidad de que alguien que trabajó en un ayuntamiento y en cualquiera de los tres poderes a nivel estatal, pueda jubilarse ¡al cumplir 18 años de trabajo y con el último sueldo!

Por eso es que tenemos a personas que, a sus 36 años, ya tienen un ingreso asegurado de por lo menos 20 mil pesos mensuales, mientras que el resto de la población deberá esperar a los 60 para poder aspirar a una pensión de tres mil pesos cada 30 días.

O bien, gente que entró a trabajar tres años al Congreso y —al haber cumplido los 55 años de edad— tiene derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada del 50 por ciento de su salario. Y si tiene un cuate que le dé un cargo de director, ¡pues ya aseguró 20 mil pesos mensuales!

Los casos más sonados fueron los que se dieron en el 2018 con la quincuagésima tercera legislatura, cuando jubilaron gente de menos de 40 años, esposas de diputados o sus amigos, para lo cual utilizaron constancias falsas de ayuntamientos donde trabajaban sus familiares.

Lo peor del caso es que la siguiente legislatura, es decir, la 54, intentó echar abajo esos decretos jubilatorios y sólo quedó en ridículo, pues los jueces de distrito les concedieron sus respectivos amparos, y no solamente les tuvieron que pagar, sino que les cobraron retroactivo.

Legislaturas van y legislaturas vienen, y todos advierten que algún día la carga financiera de los jubilados va a ser impagable. Pero no modifican la ley, al contrario, siguen jubilando a sus familiares o amigos. Estaremos atentos para ver cupántas jubiladas y jubilados nos dejan los integrantes de la quincuagésima quinta legislatura.

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