La semana pasada, el Congreso de Morelos nombró a 10 magistrados del Poder Judicial de Morelos, a pesar de los señalamientos de la sociedad civil. Se esperaba que no designaran a familiares o amigos sin el perfil adecuado para el cargo, o que tuvieran claros intereses personales.
Sin embargo, los diputados del PRI, PAN, PANAL, PT, Movimiento Ciudadano y Morena decidieron asignar esas posiciones a personas como María Luisa Sánchez Osorio, esposa del Fiscal de Morelos Uriel Carmona; Nancy Montero Mercado, Secretaria del PAN en Cuernavaca; Cecilia Verónica González, hija del ex candidato a la gubernatura Jorge Meade Ocaranza; Javier Mujica, asesor de la diputada del PT Tania Valentina Rodríguez; Rolfi González Rodríguez, esposo de la magistrada Guillermina Serafín; Arturo Loza Flores, asesor del diputado de Morena Alberto Sánchez; y Juan Gabriel Vargas Téllez, ex abogado del ex Gobernador Graco Ramírez.
Los otros tres magistrados integrarán la sala segunda de Cuautla, pero igualmente tienen lazos familiares o de amistad con los diputados. Esto demuestra una vez más que a los legisladores no les preocupa la opinión de la ciudadanía, a pesar de lo escandaloso que resulta su complicidad y encubrimiento al Fiscal de Morelos Uriel Carmona. Para ellos, otorgar poder e impunidad parece ser más importante.
Durante su visita a Morelos, el líder nacional de MORENA calificó de traidores a los diputados locales de su partido que votaron a favor de estos magistrados. Este comentario, fuera de tiempo y sin relevancia alguna, evidencia la falta de interés real de MORENA en combatir la corrupción.
Además, en relación a este tema, MORENA expulsó de facto a la senadora Lucy Meza, lo cual muestra una falta de coherencia en su actuar. Los otros partidos tampoco pueden desvincularse de las decisiones de sus diputados y deben asumir el costo político de entregar un poder supremo a una familia, lo cual tiene un tinte más cercano a una monarquía que a una democracia.
Con esta decisión, la familia del Fiscal de Morelos garantiza impunidad y continuidad durante los próximos 20 años, sin haber ganado un solo voto de la sociedad de Morelos. Todo esto se basa en acuerdos entre cúpulas políticas, donde no prevalece el amor ni el respeto, sino intereses económicos y corrupción.
