Especialistas del sector energético subrayan que la propuesta de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría marcar un cambio significativo en la seguridad y autosuficiencia energética de México.
Aseguran que una CFE robustecida minimizaría la vulnerabilidad del país a las dinámicas geopolíticas globales y las oscilaciones de precios de la energía a nivel internacional. Sin embargo, también advierten que dicha reforma plantea desafíos para la transición energética y la integración de nuevas tecnologías.
La propuesta de reforma sugiere cambios fundamentales en la estructura y operaciones de la CFE, transformándola de una empresa productiva del estado a una entidad pública regida por el derecho público en lugar del mercantil. Esto implicaría, entre otros, ajustes en la obligación de la CFE de publicar informes anuales y en la forma en que se gestiona el despacho de energía eléctrica, priorizando la producción estatal sobre la privada y modificando la participación en el mercado eléctrico nacional a un 54% para la CFE y un 46% para los privados.
La reforma también contempla la desaparición de órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), lo que ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y el riesgo de convertir al estado en "juez y parte" del sector energético. Esta situación podría afectar negativamente el mercado, limitar la competencia y, según algunos analistas, desincentivar la inversión extranjera necesaria para la modernización tecnológica del sector.
Además, el especialista Ramses Pech señala que los cambios propuestos en la legislación energética podrían provocar un retraso significativo en la adopción de nuevas tecnologías limpias y eficientes, con potenciales implicaciones para el cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Según Pech, la aprobación de la reforma podría llevar a una revisión del T-MEC en 2026 o incluso a su terminación, lo que subraya la incertidumbre y los retos que enfrenta el sector energético mexicano en el contexto de esta propuesta legislativa.
La reforma energética de México se encuentra en un punto crítico, donde el balance entre la autosuficiencia energética y la apertura al progreso tecnológico y la inversión internacional se torna esencial para el futuro del país.
